En las últimas semanas, Coronavirus (o COVID-19) ha causado estragos a lo largo de los Estados Unidos. Una población altamente vulnerable en este momento incluye inmigrantes que están detenidos.
Mientras el Procurador General William Barr ordenó la liberación de los presos federales médicamente vulnerables, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) aún tiene que hacer un esfuerzo nacional para hacer lo mismo para los más de 34,000 inmigrantes detenidos en todo el país. El sesenta por ciento de estos inmigrantes detenidos no tienen antecedentes penales y sólo están detenidos por violaciones de inmigración.
La Administración Trump está poniendo en riesgo a los detenidos inmigrantes al no exigir su liberación. Según Amnistía Internacional, “ICE y sus instalaciones de detención no han podido proporcionar adecuadamente jabón y desinfectante ni han introducido el distanciamiento social. Tampoco ha detenido las transferencias innecesarias de personas entre instalaciones en interés de la salud pública, transportando rutinariamente a miles dentro y fuera de las instalaciones.”
ICE también ha seguido subestimando el número de detenidos que han estado expuestos o contrajeron COVID-19. Amnistía Internacional ha recibido informes de «casos sospechosos de COVID-19 y bloqueos en múltiples instalaciones de ICE, donde los abogados dijeron que los funcionarios de ICE se negaron a comentar sobre las situaciones de salud.»
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Michigan presentó una demanda federal esta semana, exigiendo la liberación de detenidos inmigrantes en la cárcel de los condados de Calhoun, Monroe y St. Clair. La abogada sénior, Miriam Aukerman, ha dicho que «el distanciamiento social y la higiene estricta son prácticamente imposibles en un entorno de detención».
Uno de los detenidos que dio testimonio de la demanda es Gener Alejandro Chinchilla-Flores, un ciudadano costarricense de 36 años que ha estado detenido en la cárcel de los condados de Monroe desde el 25 de febrero de 2020. Ha informado que «numerosos internos están tosiendo y han reportado una infestación de gusanos.»
José Nicolás Chávez-Vargas, un ciudadano mexicano de 50 años que ha estado detenido en la cárcel del condado de Monroe desde el 20 de febrero de 2020, también dio testimonio, afirmando: «Todos duermen en dormitorios que albergan a aproximadamente 100 personas, con aproximadamente 50- 60 literas por dormitorio. Las camas están separadas entre 3 y 4 pies entre sí. La gente continúa comiendo sus comidas comunalmente, varias veces al día.»
Mientras ICE continúa deteniendo a inmigrantes en detención, otras cárceles del condado, incluido Wayne, han liberado a todos los prisioneros sin casos de delitos graves y que no representan un riesgo para la seguridad pública.
Si bien está claro que la detención de inmigrantes podría provocar la muerte de muchos detenidos debido a la propagación de COVID-19, queda por ver qué medidas tomará ICE, si corresponde, para proteger la salud y la seguridad de esta población vulnerable.